LA DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA DE LA PALABRA *
por Esteban Rodríguez
1. Entre el mercado y la democracia
La libertad de expresión, dijo el jurista norteamericano, Harry Kalven Jr, “no es una libertad de lujo”. Eso quiere decir dos cosas. Primero, que no es un fin en sí mismo, como podría serlo en un código moral o los manuales de estilo periodístico, sino que es un medio para alcanzar otros fines vinculados con la democracia, la promoción y protección del debate público que reclama el autogobierno colectivo. En otras palabras: Para que la ciudadanía pueda gobernarse y controlar a los dirigentes en los que delegó gran parte de los destinos de su vida, para decidir cómo quiere vivir, además de comprometerse, tiene que tener la posibilidad de manifestar en cualquier momento sus quejas, preguntas, dudas o puntos de vista.
En segundo lugar, la libertad de expresión tampoco es un derecho absoluto sino relativo a una serie de variables sociales que hay que tener presente para evitar los efectos negativos que puede asumir para la democracia. Sucede que en las sociedades como las nuestras, con una estructura social desigual, no todos tienen las mismas oportunidades y los mismos recursos para poder expresarse libremente, es decir, para presentar sus peticiones a las autoridades de turno y compartir con el resto de la sociedad la opinión sobre problemas con los que tienen que medirse cotidianamente.
Cuando la libertad de expresión se organiza a través del mercado, en función de la capacidad económica de los actores, prescindiendo del Estado y sin atender a las desigualdades sociales, está claro que las personas con mayores recursos tendrán también mayores oportunidades expresivas, contarán con más ventajas para plantear sus demandas. Y más aún, cuando la libertad de expresión está acotada a la libertad de prensa y ésta a su vez a la libertad de empresa –como se milita todavía desde el paradigma liberal- lo que se busca es circunscribir la comunicación pública y el debate colectivo a los recursos que disponen los actores, lo cual implica excluir de la arena política a importantes sectores que no tienen los medios necesarios para plantear (a los gobernantes) y compartir (con la mayoría de la sociedad) sus demandas o sugerir las soluciones creativas para dichos problemas.
Esta situación genera una serie de desarreglos que, de persistir, no sólo pondrían en riesgo el desarrollo de la autonomía individual sino que –y sobre todo- correría peligro el debate colectivo y con ello el desenvolvimiento de la propia democracia.
2. La intervención del Estado: regular y distribuir
En este desorden de cosas el Estado tiene que intervenir en el mercado para garantizar la información pública, pero también para preservar la libertad de expresión, el debate abierto, desinhibido y vigoroso que necesita el juego democrático para que se vuelva efectivo y real. Para eso se necesita de un diseño institucional acorde con la estructura social desigual, es decir, de un modelo de estado que habilite la planificación de políticas públicas tendientes a proteger y promover la libertad de expresión de los grupos en desventaja que, por las circunstancias en las que se encuentran, ya no merecen más maltrato.
En otras palabras: El Estado no sólo debe velar por la distribución equitativa de la riqueza sino que también debe procurar una distribución equitativa de la palabra. Intervenir en el mercado significa operar sobre la propiedad privada pero también sobre los modos de producción y circulación de la información.
En ese sentido, intervenir significa regular el acceso a los medios de comunicación, pero también relativizar los derechos de propiedad y una pérdida de los valores económicos asociados a esos derechos. En definitiva, intervenir implica limitar las capacidades expresivas de los actores con mayores recursos para expresarse que, por eso mismo, terminan silenciando a los actores desaventajados.
El activismo estatal no apunta a proteger los intereses autoexpresivos de un ciudadano en particular sino a aumentar la calidad y cantidad del debate colectivo entre los diferentes actores sociales y políticos. El Estado interventor apunta a preservar la integridad del debate público creando las condiciones para que el debate sea plural, para que cada una de las partes involucradas en cualquier conflicto tenga la posibilidad de expresar libremente su punto de vista.
No se nos escapa –y tenemos ejemplos de sobrar para estar igualmente preocupados- que las agencias del Estado a través de su intervención, traten de asfixiar el debate libre y abierto. Sin embargo, creemos que en ese caso la interpretación tradicional sobre la libertad de expresión constituye un mecanismo de éxito ya acreditado y reconocido por la jurisprudencia para frenar o evitar los abusos del poder estatal.
Pero en otras oportunidades, como señala el constitucionalista norteamericano Owen Fiss, “el Estado puede volverse obligado a actuar para promover el debate público: cuando los poderes de carácter no estatal ahogan la expresión de opiniones. Habrá de asignar recursos –repartir megáfonos- a aquellos cuyas voces de otra forma no serían oídas en la plaza pública. Puede que el Estado tenga incluso que silenciar las voces de algunos para que se oigan las voces de los demás; a veces no hay más remedio.”
La intervención requiere de una serie de reformas estructurales que permitan un acceso equitativo y pluralista a los medios masivos de comunicación. Para Fiss, puede hacerse de dos maneras que no son contradictorias sino complementarias. Por un lado, recurriendo al poder de policía, es decir, regulando, y por el otro, a través del poder distributivo, es decir, subsidiando.
Regulando, cuando reglamenta la programación (emitiendo órdenes o prohibiciones, como por ejemplo, fijando agendas de temas prioritarios que no pueden dejar de relevarse a determinada hora, atendiendo a todas las perspectivas en juego; pautando la grilla de programación; obligando a una cobertura adecuada durante las campañas electorales; regulando las mesas redondas para que las intervenciones sean equitativas); reglamentando la publicidad (prohibiendo por ejemplo, la publicidad dirigida a niños); o reglamentando la estructura de la propiedad privada con disposiciones antimonopólicas (prohibiendo a los propietarios de un periódico comprar una emisora de radio o de TV o cable, o viceversa, impidiendo al propietario de un diario comprar otro diario; reglamentando el mercado del papel prensa; estableciendo una red de emisoras públicas; reservando licencias para emisoras no comerciales; etc.). Distribuyendo, cuando asigna recursos a los actores en situación de desventaja, con menores capacidades y recursos expresivos (financiando radios universitarias, o cooperativas sin fines de lucro; priorizando la pauta publicitaria del Estado a los pequeños medios; subsidiando a la prensa para alentar la publicación de un segundo periódico en localidades donde existe monopolio, etc.).
3. La ambivalencia de la libertad de expresión
Como nos recuerda el constitucionalista argentino Roberto Gargarella, libertad de expresión no es diversidad de medios sino pluralidad de voces. De la misma manera que no se puede confundir a la libertad de expresión con la multiplicidad de empresas periodísticas, tampoco hay que acotar la libertad de expresión a la desmonopolización. El hecho de que cualquier empresa, cooperativa u organización de la sociedad civil sin fines de lucro haya merecido ser adjudicatario de una licencia, no lo habilita a que pueda hacer del medio lo que se le antoja. La comunicación pública no es una actividad privada, sino un servicio público. Hacer una noticia no es lo mismo que hacer una zapatilla. En un sistema democrático lo que está en juego no es lo mismo. Lo que no significa que el medio tampoco pueda desarrollar un perfil ideológico determinado. Significa que el tratamiento de algunos temas acordados previamente, cuestiones que nos involucran a todos en tantos ciudadanos, nos guste o no, tengamos o no ganas de discutirlo, debe llevarse a cabo garantizando la pluralidad de voces y respetando ciertas reglas de juego que permitan que el debate sea un intercambio equitativo de argumentos antes que un certamen de consignas efectistas.
Owen Fiss, en su libro “La ironía de la libertad de expresión” sugiere que la misma –sobre todo en sociedades desiguales- constituye una paradoja: La libertad de expresión genera silencio, pero también el silencio puede generar libertad de expresión. Acaso por eso mismo, siendo un derecho fundamental, no haya nunca que postularlo como un derecho absoluto. Al contrario, por considerarlo de esa manera, encontrarnos permanentemente situaciones irónicas como las que se mencionaron arriba, donde la libertad de expresión opera como una suerte de censura invisible, motivo por el cual otros sectores o actores en desventaja no puedan expresarse libremente. Más aún cuando el discurso de los que monopolizan la palabra estigmatiza al otro, es decir, se vuelve difamante, demonizante, xenófobo y, por ende, discriminante.
Para garantizar la libertad de expresión no alcanza su consagración constitucional. La estructura social (económica, política y cultural) contemporánea es enemiga de la libertad de expresión. En una sociedad con una estructura social desigual se requiere de un sistema diseñado que promueva la intervención preferente y progresiva del Estado con miras a crear las condiciones para que los sectores más desaventajados puedan expresarse libremente. Sólo de esta manera la libertad de expresión podrá ser considerada el nervio de la democracia, de otra manera, la misma quedará librada a los emprendimientos privados que la irán clausurando cuando dejen afuera del debate público a sectores importantes de la comunidad. El activismo estatal es una manera de corregir la influencia distorsionadora del mercado sobre el debate público, pero también la posibilidad de mejorar la calidad del debate público.
En definitiva, pensamos que el gobierno, a través de la “Propuesta de proyecto de Ley sobre servicios de comunicación audiovisual” demuestra una preocupación prioritaria, incluso privilegiada, hacia los grupos sociales más desaventajados, asegurando un trato más justo para los mismos, creando otros marcos concretos para que estos sectores puedan expresarse libremente.
* Este artículo fue publicado en la Revista En Marcha, Nº 53, Agosto de 2009.